¡Aceptémoslo, el COVID-19 vino para quedarse, y por largo tiempo! Con la continuidad de esta pandemia que no para de causar estragos, y sin una vacuna efectiva en el corto plazo, el coronavirus parece haber pasado de ser la novedad, a convertirse en la realidad del día a día en Occidente. Empero, mientras algunos países parecen sortear la crisis sanitaria con actitud de malabarista, otros han logrado algunos resultados muy decentes, con un número controlado de nuevos contagios y una considerable desaceleración en la tasa de nuevos fallecimientos.
Sin embargo, lo que es común en la mayoría de países es el efecto devastador del virus en la macro y microeconomía. Y es que en una región como América Latina, donde según la Organización Internacional del Trabajo la informalidad laboral ocupa un 53%, las medidas de distanciamiento social y prohibición de actividades comerciales han hecho mella en el bolsillo del que sale a la calle todos los días a buscarse el sustento propio y el de los suyos. Obviamente, sería injusto no reconocer las medidas de carácter social adoptadas por los gobiernos, algunas con mejores resultados que otras. Pero el problema principal de las mismas es que cuando la clase media es la base de las recaudaciones fiscales (al menos en cuanto a renta y valor agregado) y el engranaje principal del consumo, muchas de estas medidas pasan por encima. Sea porque se concentran más en los grupos socioeconómicos marginados o porque el valor de las mismas no está ni cerca de satisfacer las necesidades mínimas de un individuo perteneciente a dicha clase social.
Esto ha traído como resultado que en varios países de la región haya renacido el debate sobre la forma en que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) administran (valga la redundancia) los dineros de los que cotizan mensualmente su jubilación. De manera particular, esta discusión ha dominado la palestra pública en Perú y República Dominicana. En el primero, el Congreso aprobó durante el mes pasado el retiro de un 25%, o hasta 3,800 dólares, de las cuentas privadas de los afiliados. En el segundo, se ha encarnizado una batalla campal en los medios de comunicación y las redes sociales, por una iniciativa similar que busca la devolución del 30% de las cotizaciones que los afiliados tienen en sus AFP. Obviamente, es imposible pensar que en plena época electoral, y en un país donde todo es politizado, este tema no agarraría tintes políticos. En efecto, congresistas, funcionarios públicos, empresarios, dirigentes de la sociedad civil, influencers, y candidatos políticos han debatido sus ideas sobre el tema, en algunos casos hasta con ínfulas propias de un discurso cuasi marxista-leninista.
En ese sentido, el descontento popular parece ser generado en parte por un sentimiento natural, y por otra parte en ideas infundadas por autores externos, muchas veces con fines políticos de carácter personal. Justamente, son estas ideas las que han encontrado en las redes sociales un medio de expansión y a la vez de “encuentro” de voluntades y empatías colectivas. Es así como las AFP y el actual sistema de pensiones, han pasado a convertirse recientemente en el enemigo público número uno del internauta promedio, pues si ya la generalidad las veían con cierto desdén por considerarlas como intocables, a eso hay que sumarle que se ha vendido la imagen de que son un obstáculo en la obtención del dinero de los trabajadores, unos usureros que se lucran con el dinero del pueblo, y unos cómplices en un entramado de fraudes, que en componenda con el Gobierno, se niegan a entregar el 30% del dinero de los afiliados. Ante esto corresponde afirmar, que el objetivo del presente artículo no es defender a las AFP, ya que sería imprudente hablar de las interioridades de instituciones desconocidas. Por el contrario, lo que se busca es hacer una justa crítica sobre algunos de los argumentos esgrimidos sobre el tema y sus efectos en la opinión pública.
En primer lugar, es necesario mencionar que existe un desconocimiento generalizado en la población sobre los Fondos de Pensiones, la ley que los regula y el sistema financiero en general. Sin pretender dar una instrucción sobre el tema, en vista de que un servidor no es economista, se podría afirmar que estos son lo mismo aquí que en Pekín. Básicamente, son fondos de inversión capitalizados por los aportes de los afiliados, los cuales van al mercado financiero para ser invertidos, recibiendo el accionista su capital de vuelta, junto a una parte de los intereses generados, al momento de cumplirse las condiciones para su jubilación. La diferencia principal con el sistema dominicano es que los aportes mensuales de capital son obligatorios, la mayor cuantía de estos los hace el empleador (lo cual excluye a los emprendedores y no asalariados) y como tienen un trasfondo social, son estrictamente regulados por ley y se establecen condiciones más difíciles para el retiro del capital y los intereses por parte del afiliado, lo cual constituye gran parte de la problemática actual.
Al respecto, muchos alegan que el descontento con las AFP tiene su génesis en la injusticia de que terceros se enriquezcan con las pensiones de los trabajadores. La falla de este argumento radica en una cuestión de capacidad técnica y responsabilidad civil, pues es preciso señalar que el sistema dominicano de pensiones, tal cual lo conocemos, solo podría ser administrado por tres entes: los privados (como pasa en realidad), una entidad pública, u organizaciones sin fines de lucro al mejor estilo de las cooperativas. De ser administrados por estas últimas, existiría la ventaja de que los costos de operación se recortarían considerablemente, pero tendríamos el problema de que en virtud de la ley, cada afiliado sería un asociado de dicha cooperativa con derecho a un voto, sin importar la cantidad de dinero aportado. Sin embargo, su responsabilidad se limitaría únicamente a la cantidad de sus aportes. Esto significa que ante alguna decisión popular, pero no inteligente a nivel financiero, un grupo numeroso (aun teniendo menos cotizado) tendría la potestad de imponerse, aunque al final sean los que menos paguen por los platos rotos.
Por otro lado, del Fondo ser administrado por una entidad pública, estaríamos ante un claro conflicto de intereses, debido a que de colocar recursos en bonos de deuda pública, el Gobierno estaría fungiendo como prestamista y prestatario en una misma transacción, de lo que se desprende entonces que este no se impondría a sí mismo condiciones menos onerosas ni restrictivas. Cuanto más, se corre el riesgo de que ante una eventual sentencia judicial condenatoria contra dicha entidad, el principio legal de inembargabilidad de los bienes estatales prohibiría que los activos de la misma, incluyendo sus intereses por cobrar en manos del Estado, puedan ser embargados. Pero aún esto último no fuera así, mucha gente coincidirá en que no quisieran ver a un político administrándole los aportes para su pensión, debido a que si bien en algunos casos este puede tener conocimientos económicos y financieros, el mismo no se dedica profesional ni permanentemente a las finanzas. Por estas razones, es preferible poner la responsabilidad de administrar dichos fondos en personas con altos conocimientos y experiencia en el rubro, los cuales se dedican a ese negocio como una forma de vida y son menos susceptibles a presiones e influencias políticas. Claramente, esto tiene un costo, y está directamente vinculado al riesgo y a la responsabilidad de administrar recursos ajenos, tal cual hacen los bancos y otras entidades de intermediación financiera. Puede haber cierta nobleza en el pedido de que su margen de ganancias se reduzca, pero tampoco es recomendable limitar demasiado la libre empresa, ya que esto desincentiva la inversión y los negocios no crecen. Recordemos que la búsqueda de riqueza es la adrenalina que empuja al crecimiento económico de toda sociedad en libertad de mercado.
En un segundo orden, se ha criticado a las AFP por invertir más del 70% de los fondos en instrumentos de deuda pública con el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, y que por tanto, esta deuda que asume el Gobierno luego es pagada con los mismos impuestos del pueblo. Este alegato no es cierto del todo, en razón de que los impuestos internos son apenas una de las fuentes de financiamiento gubernamental. Además, la cuantía de los fondos de pensiones que pasa a financiar el presupuesto nacional es invertida en el funcionamiento mismo del Estado y sus instituciones. Es decir, que en vez invertir dicho capital en hacer más ricos a negocios privados, estos son reinvertidos en la sociedad (dígase salud, educación, seguridad, infraestructura pública, entre otros) generando a su vez intereses para un sector de la sociedad misma. Obviamente, esto no significa que la calidad de la inversión pública sea perfecta, pero esto no es culpa de los Fondos de Pensiones, sino del Gobierno. De igual forma, las AFP tienen la obligación de realizar inversiones con el mayor rendimiento, pero a su vez con el menor riesgo posible. A tales efectos, los bonos de las instituciones públicas anteriormente mencionadas tienen una clasificación de riesgo AAA, lo que según Moody’s significa “máxima calidad, con mínimo riesgo crediticio”, clasificación que no poseen muchas instituciones privadas. Igualmente, si partimos de dicho alegato, los afiliados serían entonces los más beneficiados, visto que los intereses que generan dichos fondos benefician únicamente a estos, mientras que el pago de la deuda adquirida por el Gobierno proviene de la recaudación de impuestos que afectan a todos los contribuyentes, indistintamente si son afiliados o no.
Por último, se ha mencionado que las AFP tienen la capacidad para devolverle a los afiliados el 30% de sus aportes, lo que ha sido respondido con el argumento de que hacerlo implicaría distorsiones en la economía, principalmente un aumento de la inflación. Esto conlleva un análisis económico y legal, en parte porque dicha acción implica necesariamente una modificación a la ley que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, lo cual tomaría un tiempo que no es proporcional a la urgencia con la que se necesitan esos recursos. Pero aun si se logra la modificación de dicha ley, la entrega de dichos fondos puede estar dificultada por su imposibilidad e impracticabilidad. La primera porque más del 85% del patrimonio de los Fondos de Pensiones se encuentra colocado en instrumentos financieros que van desde uno hasta quince años de madurez, por lo que ese dinero no estaría líquido en las arcas de las AFP. La segunda, porque la gran mayoría de los afiliados poseen en sus cuentas un monto tan irrisorio, que devolverles un 30% de lo cotizado a la fecha causaría más perjuicio a largo plazo que beneficio al corto, lo que en buen dominicano se diría como “más cara la sal que el chivo”.
La razón de dicho pensar está en que desprender más de 175 mil millones de pesos del patrimonio de las Cuentas de Capitalización Individual (CCI), significa que las AFP tendrían que renegociar sus instrumentos con otros captadores en el mercado financiero, los cuales obviamente obtendrían dichos bonos a un precio menor que su valor actual (de lo contrario no es negocio). Es decir, que quien se jubilará en el mediano plazo y tenía una cantidad proyectada con sus fondos, se retiraría con menor pensión, debido a que tendría menos dinero en su CCI. Y para los que tienen su jubilación proyectada a un plazo más largo, tendrían que aportar más para poder retirarse con un monto similar al proyectado, dado que la tasa de interés de dichos instrumentos está en gran parte dada por el tamaño de su capital y su tiempo de madurez. No obstante, difícil es creer que la devolución de dichos fondos tendría un efecto significativo en la inflación, esto debido a que la misma está influenciada grandemente por la demanda, la cual está actualmente constreñida por los efectos de la pandemia.
En conclusión, a pesar de que se ha dicho mucho sobre el tema, ocupa realizar un análisis frío y matemático del asunto, lo cual es bastante difícil, pues mucha gente no puede entender a Smith y a Keyne con el estómago y el bolsillo vacío. Por tanto, deben buscarse soluciones alternativas que vayan orientadas a dar la mano al dominicano de clase media, tales como un aumento del monto otorgado en el programa FASE, una moratoria en el cobro de ciertos servicios públicos y un otorgamiento de préstamos solidarios sin intereses, utilizando como garantía bienes mobiliarios. Pero sobretodo, lo que necesitan hacer las AFP es llevar a cabo una campaña de concientización sobre cómo funcionan los Fondos de Pensiones y por qué no es viable lo que se pide. De lo contrario, el afiliado se sentirá abandonado por sus gobernantes y por quienes resguardan su futuro financiero, y será la Vox Populi quien reine en medio del caos de la desinformación.-
Alexis Colón
Licenciado en Administración de Empresas, Summa Cum Laude, por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y Licenciado en Derecho, Magna Cum Laude, por la Universidad del Caribe. Posee estudios de maestría en Derecho Económico y Comercial Internacional, con iguales laudes, en Georgetown University.
Admitido para ejercer el derecho en la República Dominicana y en Nueva York, se desempeña como Socio Director en el estudio jurídico COLÓN & PARTNERS, y es Director General para la República Dominicana de CEA Digital Law.